Abolid la deuda borinqueña

OBRERO SOCIALISTA apoya al presidente Trump en su llamado a abolir la opresiva deuda de Puerto Rico.

Podemos garantizar que las cinco primeras palabras de este editorial nunca volverán a ser vistas, y quienes supervisan a Trump en el 1600 de la Avenida Pennsylvania, seguro tratan como demonios de que nunca tengamos razones para hacerlo.

Pero el hecho que incluso un fanático reaccionario como Donald Trump no lo haya pensado dos veces antes de decir lo obvio dice mucho acerca de la catástrofe causada por Wall Street a Puerto Rico, por muchos años antes del huracán María.

"Ellos deben mucho dinero a tus amigos en Wall Street, y vamos a tener borrar eso", dijo Trump en una entrevista con Geraldo Rivera, de Fox News. "No sé si es Goldman Sachs, o no, pero sea quien sea, puedes despedirte de eso".

"Wall Street pronto se asustó", reportó Politico al día siguiente. Eso por decir lo menos. Las fuertes transacciones en el mercado de bonos normalmente estable empujaron el valor de los bonos de obligación general de Puerto Rico, ya devaluados a 56 centavos por dólar luego de que la isla se declarara en bancarrota a principios del año, a 37 centavos por dólar.

La Casa Blanca "rápidamente se movilizó para limpiar los aparentemente descuidados comentarios de Trump", continuó Politico. Otra vez, por decir lo menos. Mick Mulvaney, director de la Oficina de Administración y Presupuesto, saltó frente a una cámara de televisión para decirle a CNN: "Yo no lo tomaría literalmente".

Para asegurarle a Wall Street de que nadie en la administración Trump tenía intención de hacer lo que su jefe acababa de decir, Mulvaney fue más explícito, y más despreciativo del pueblo borinqueño, en un segunda entrevista con Bloomberg: "No vamos a rescatarlos. No vamos a pagar sus deudas".

¿Alguien quiere apostar a que Trump no hablará de "decir adiós" a la deuda de Puerto Rico otra vez?

Pero el simple hecho es que la justicia exige exactamente eso: la cancelación de todos los pagos de la deuda de Puerto Rico, por la acción del gobierno federal, asumiendo la responsabilidad de los tiburones prestamistas de Wall Street que infligieron el daño en primer lugar.

Puerto Rico está atrapado en el mismo tipo de trampa en que otros países pobres están con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, o economías más avanzadas como Grecia, a manos de banqueros y burócratas europeos. El objetivo es forzar a sociedades vulnerables someterse a la voluntad de la clase dominante.

Y ahora, la devastación de las políticas neoliberales ha hecho que la crisis de Puerto Rico, tras los huracanes Irma y María, sea mucho, mucho peor.

Quienes quieren ser solidarios con Puerto Rico, correctamente se concentran en brindar alivio inmediato con comida, agua y suministros críticos. Obrero Socialista espera que sus lectores recauden todo el dinero que puedan para donar a los esfuerzos de base.

Pero ahora también tenemos otro trabajo que hacer, mientras que Puerto Rico sigue en la mira de los medios: exponer la trampa de la deuda que hizo a la isla más vulnerable y exigir su fin.

EN MAYO de este año, el gobierno de Puerto Rico acudió a un tribunal federal para solicitar el equivalente de la bancarrota por una deuda que incluye más de $74 mil millones en reembolsos de bonos del gobierno y $49 mil millones en obligaciones de pensiones. Pero a cambio, Puerto Rico tendrá que cumplir con dictados de austeridad aún más severos.

La carga de la deuda, que es mayor que la producción económica anual de la isla cuando se agregan obligaciones de pensiones, es consecuencia de una recesión que ha durado más de una década.

La depresión económica comenzó cuando las corporaciones gringas, después de muchos años de sacar provecho económico de sus operaciones en Puerto Rico, en particular de la producción farmacéutica, abandonaron la isla después de que los favorables incentivos fiscales para la inversión fueron eliminados a comienzos del siglo. La inversión corporativa anual en Puerto Rico alcanzó un máximo de 20.7 por ciento del producto interno bruto en 1999, desde cuando ha caído a menos de 7.9 por ciento en 2016.

Los sucesivos gobiernos, ya sean dirigidos por el Partido Nuevo Progresista, alineado con los republicanos, o el Partido Popular Democrático, vinculados a los demócratas, impusieron políticas de austeridad neoliberal que garantizaron empeorar la crisis.

El gasto social fue reducido drásticamente. Como ejemplo, la reducción en el presupuesto de educación de la isla llevó a la clausura de cientos de escuelas. Los trabajadores del sector público han estado bajo una intensa presión, con decenas de miles de despidos y ataques contra sus sindicatos. Además, los impuestos regresivos han aumentado: el impuesto a la venta es un 11.5 por ciento más alto que cualquier otro estado de los Estados Unidos.

Un número de activos estatales fueron privatizados en jugosas condiciones para los compradores privados: en la década de 1990, el gobernador conservador Pedro Rosselló González vendió los hospitales que eran parte de un sistema público de atención de salud, que otrora había sido muy accesible y asequible, a la mitad de su valor de mercado.

Las medidas de austeridad impulsaron un círculo vicioso: el continuo declive económico hizo que la insuficiencia en los ingresos del gobierno empeorara, generando más recortes de gastos e impuestos regresivos, causando una mayor contracción económica, y así de vuelta a ingresos insuficientes.

Las consecuencias, incluso antes del huracán María, fueron nefastas: el desempleo oficial es del 11,7 por ciento, más del doble que en Estados Unidos en general. Poco menos de la mitad de la población en la isla vive en la pobreza, incluidos tres de cada cinco niños.

A TRAVÉS de todo, la deuda fue la camisa de fuerza para asegurar que Puerto Rico no se apartara de la austeridad.

Frente a la disminución de los ingresos como resultado de la economía en contracción, varias sucursales y agencias del gobierno puertorriqueño emitieron bonos para recaudar dinero, pero no sólo con la obligación habitual de pagar el efectivo con intereses, sino también con la creciente presión de intensificar la implementación de medidas neoliberales.

Los carroñeros de Wall Street estaban ansiosos por establecer los cada vez más complejos bonos, los que pagaban mejor que la mayoría de los bonos municipales, y los intereses sobre el ingreso de los bonos de Puerto Rico están exentos de impuestos: municipales, estatales y federales.

Pero los tahúres más grandes en Wall Street vieron más que una laguna fiscal en el sufrimiento borinqueño. Un informe de 2015 del sitio web Hedgeclippers.org presenta la grotesca imagen:

Varios grupos de fondos de cobertura han comprado grandes cantidades de deuda puertorriqueña con descuentos y también han empujado la isla a pedir prestado en términos extremadamente favorables para los acreedores. Los gestores de fondos de cobertura también recomiendan la implementación de medidas de austeridad.

Conocidos como "fondos buitres", estos inversores han seguido un plan de juego similar a otras crisis de deuda, como en Grecia y en Argentina. El botín que buscan en última instancia no son los pagos de los bonos, sino reformas estructurales y esquemas de privatización que les otorgan riqueza y poder extraordinarios, a expensas de todos los demás.

Ha sido obvio durante años que la carga de la deuda de Puerto Rico es impagable, pero los fondos buitres cuentan como su rompe-huesos al gobierno de los Estados Unidos.

Una ley impulsada a través el Congreso el año pasado por Barack Obama y los demócratas estableció una Junta de Control Fiscal de siete personas con amplios poderes para dirigir las agencias gubernamentales en la isla y dictar leyes y políticas. Ésta ha ordenado, por ejemplo, exenciones a las normas federales sobre el salario mínimo, Medicaid y asistencia temporal a familias necesitadas.

Para colmo, los siete miembros de la junta incluyen a algunos de los mismos financieros que impusieron políticas neoliberales y organizaron los acuerdos que causaron la crisis de la deuda.

Los titulares de los bonos aún pueden verse obligados a tomar un "corte de pelo", es decir, tener que aceptar menos de lo que se les debe. Pero la misión de la Junta de Control Fiscal es asegurarse de que los trabajadores de la isla, y no los inversores, sean los que paguen la mayor cantidad de dinero posible.

TODO ESTO "lee como el equivalente del siglo 21 del saqueo metropolitano de la riqueza de las colonias", como Lance Selfa describió la Junta de Control Fiscal para SocialistWorker.org.

Y sabemos quiénes son los saqueadores y sus cómplices.

Los parásitos de los fondos buitres que intentan infligir más sufrimiento a Puerto Rico deberían tener piquetes fuera de sus oficinas. Miembros del Congreso, republicanos y demócratas por igual, deben ser confrontados en eventos públicos por activistas solidarios que exigen la abolición de la deuda que estrangula a la isla.

Hay mucho trabajo por hacer para organizar un socorro inmediato en Puerto Rico tras el huracán. Pero la izquierda tiene la oportunidad de exponer y oponerse al desastre no-natural que ocurrió antes que Irma y María llegaran.

Es posible que no escuchemos más sobre la cancelación de la deuda por parte de Donald Trump, pero podemos elevar nuestras propias voces para exigir que esta asfixiante carga sea eliminada de los hombros del pueblo borinqueño.

Traducido por Orlando Sepúlveda