La violencia policial es sistémica

¿HAY ALGUNA duda de que la policía está fuera de control?

Si las muertes de Mike Brown en Ferguson, Missouri; de Eric Garner en la ciudad de Nueva York; de John Crawford en Beavercreek, Ohio; de Tony Robinson, en Madison, Wisconsin; y de tantos otros, no lo ha convencido, ahora están los videos del agente Michael Slager disparando ocho veces en la espalda de Walter Scott cuando éste huía en North Charleston, Carolina del Sur, y del diputado alguacil Robert Bates disparando a quemarropa contra un postrado Eric Harris en Tulsa, Oklahoma.

Casos como estos se han convertido en la norma del noticiero nocturno, pero no porque casos como estos, igualmente bárbaros, no ocurrieran antes, sino porque el movimiento Las Vidas Negras Cuentan (Black Lives Matter) ha tenido éxito en perforar la burbuja de la conciencia pública sobre la escala de la brutalidad y el racismo que la comunidad afroamericana enfrenta cada día a manos de las fuerzas del orden.

Desde el verano pasado, después de la muerte de Mike Brown, los llamados por reformas--como cámaras corporales obligatorias en la policía y comités civiles independientes de revisión--han crecido. El movimiento debe considerarlas, pero es primordial que cuestiones más básicas acerca del rol de la policía también sean abordadas; en particular, que la institución policíaca existe sólo para mantener un sistema de injusticia racista y para proteger la propiedad privada del rico.

Por eso, tan importante como son las demostraciones de ira y dolor en las calles, es una señal bienvenida que los activistas, como los de la Coalición Jóvenes, Inteligentes y Negros, en Madison, Wisconsin, busquen construir un movimiento que confronte no sólo casos individuales de violencia policial, sino todo el edificio social que la produce.

Una nueva generación está luchando no sólo para hacer a los agentes de policía responsables de su violencia, sino para acusar a todo un sistema construido en torno a la brutalidad y el racismo.

LA MUERTE de Walter Scott fue una ejecución, así de simple.

El video de Michael Slager disparando múltiples tiros en la espalda de Scott, desarmado y huyendo, y luego, después de que Scott cae, dejando caer una bastón eléctrico al lado del moribundo, es brutal no sólo por la violencia asesina que muestra, sino además por el comportamiento casi indiferente de Slager así como, sin dudarlo, intenta incriminar a su víctima.

Fue necesario una protesta pública para que Slager fuera arrestado y acusado de asesinato en primer grado. Los medios de comunicación primero repitieron ciegamente la versión de Slager, de que Scott lo había "atacado" y tratado de agarrar su arma de servicio, pero luego fueron obligados a recular una vez que el vídeo filmado por un testigo mostró la verdad. Hasta entonces, los previos arrestos de Scott y su supuesta falta de pago de manutención de niños fueron utilizados como una justificación retroactiva, si no de su muerte, al menos para probar que Scott pudo haber sido el "tipo" de persona que tratase de agarrar el arma de un policía.

Las acciones de Michael Slager no son simplemente las de una "manzana podrida". Él es parte de un barril podrido en su totalidad.

El cuento del heroico policía "forzado" a disparar es sempiterno. Por lo general, por supuesto, no hay videos que muestren lo que realmente ocurrió, y la palabra del agente es tomada como Evangelio, incluso cuando hay evidencia para contradecirlos. Sólo cuando la evidencia es abrumadora, como con el video de la muerte de Walter Scott, esa narrativa es cuestionada.

En el caso del alguacil adjunto Robert Bates, quien mató a Eric Harris a principios de este mes en Tulsa, Oklahoma, su víctima fue descrito como un habitual "criminal convicto" y peor aún, pocas personas cuestionaron el estado mental del policía que "accidentalmente" lo mató.

"El alguacil adjunto" Bates, de hecho, es un "policía por gusto"; un millonario vendedor de seguros que hizo importantes contribuciones financieras al departamento de policía local en vehículos y otros equipos (incluyendo, irónicamente, las Gafas Google con las que su asesinato de Harris fue filmado), a cambio de participar en el Programa Adjunto de la Reserva de Tulsa.

Según el New York Times, Bates no es único: "Él es uno de decenas de entusiastas policías civiles, incluidos ricos donantes que efectivamente actúan como complemento armado a la oficina del alguacil del condado de Tulsa".

Bates no estaba asignado al equipo de Crímenes Violentos que arrestó a Harris, excepto en un "papel de apoyo". Sus funciones incluían cosas como "tomar notas y vigilar", según el Mayor Shannon Clark. En cambio, Bates saltó a la confrontación entre los oficiales y Harris, y le disparó en la espalda.

Bates afirmó que erróneamente tomó su arma en lugar de su picana eléctrica. Incluso si eso es cierto, no fue un error cuando los compañeros de Bates, en lugar de tratar de ayudar a Harris, lo inmovilizaron en el suelo, aplastando su cabeza con las rodillas, mientras Harris se desangraba. En un intento para salvar su vida Harris gritó "¡Estoy perdiendo el aire!", a lo que un oficial le respondió: "¡Cállate mierda! ¡A la mierda con tu aire!"

La policía de Tulsa inicialmente dijo a los medios que una "investigación" de la Oficina del Alguacil del Condado de Tulsa concluyó que Bates no cometió un delito y no hubo una violación de procedimientos. Según Andre Harris, hermano de Eric, un diputado de la oficina del alguacil le aconsejó no obtener un abogado y mintió sobre su hermano estando bajo la influencia de drogas, según Business Insider. "Si usted contrata a un abogado, sólo complicará las cosas", un oficial supuestamente dijo a Andre.

COMO TODO el país finalmente está empezando a comprender, Walter Scott y Eric Harris sólo son las últimas víctimas de una política de violencia sistémica perpetrada por la policía. Según el sitio web KilledByPolice.net, que rastrea informes en los medios sobre homicidios de la policía, en lo que va de este año hasta el 15 de abril, 332 personas han muerto a manos de la policía en Estados Unidos.

¿Puede haber excusa alguna para esta epidemia de asesinatos policiales? Como el columnista del New York Times Charles Blow señaló, aquellos que buscan responsabilizar a quienes huyen de la policía o tienen una orden de arresto pendiente se hacen parte de la peor clase de inculpación de las víctimas:

Es trágico tratar de, alguna manera, falsamente igualar lo que parecen ser las malas decisiones tomadas por Scott y las tomadas por el oficial que lo mató. No hay equivalencia moral entre correr y matar, y cualquier persona que sostenga este obstinado absurdo revela una deficiencia de su propia humanidad. La muerte no es un castigo adecuado a la desobediencia. Haber sido conferido con poder no te escuda contra el uso imprudente de ese poder.

A pesar de la evidencia fílmica de estos asesinatos, es probable que ni Michael Slager ni Robert Bates vean un día en la cárcel.

Las prerrogativas están tan abrumadoramente apiladas a favor de la policía que incluso casos de brutalidad y asesinato muy bien documentados son juzgados no cumplir con el estándar legal de un crimen. Una reciente investigación realizada por el Washington Post e investigadores de la Universidad Estatal Bowling Green encontró que, "Entre las miles de muertes a bala a manos de la policía desde 2005, sólo 54 funcionarios han sido formalizados...En la mayoría de ellos, [los oficiales] fueron al final no inculpados, o absueltos en los casos que se resolvieron".

En la mayoría de los casos en que los oficiales fueron acusados, según el informe, la persona asesinada estaba desarmada, pero incluso eso no bastó. El caso también debía incluir otros factores para llegar a juicio, como una víctima balaceada en la espalda o el testimonio incriminatorio de otros oficiales.

En las raras ocasiones en que un agente de la policía fue declarado culpable, "la tendencia fue que recibieron poco tiempo tras las rejas, un promedio de cuatro años, y en ocasiones sólo unas semanas", según el Post. De hecho, el crimen con el que Robert Bates fue acusado, homicidio en segundo grado, conlleva una pena máxima de cárcel de cuatro años. Y ese máximo es poco probable que sea dado a un oficial "honrado" que "accidentalmente" causó la muerte de un "criminal".

LA APARENTEMENTE creciente escalada de violencia policial y la total orfandad de responsabilidades han provocado la demanda por diversas reformas, desde ordenar a la policía usar cámaras corporales a comités civiles para investigar acusaciones de mala conducta y violencia policiales.

Si fuera posible poner en práctica reformas que hagan más fácil, o meramente posible, enjuiciar a un policía, sería un paso adelante. Una medida obvia: Los hinchados presupuestos policiales gastados en armas de control de masas y excedentes militares deben ser reducidos drásticamente, y el dinero usado para financiar programas que beneficien a las comunidades. También, las víctimas de la violencia policíaca deben ser bien compensados, y los policías que participen en la brutalidad deben perder su placa y ser enjuiciados.

Pero algunas de las más habladas reformas tienen serias limitaciones. En el caso de las cámaras corporales, por ejemplo, hay evidencia de que pueden tener algún impacto en el comportamiento de los agentes. Un estudio de 2012 de la policía de Rialto, California, por ejemplo, encontró que las denuncias de uso excesivo de fuerza fueron menos cuando los oficiales fueron equipados con cámaras; los policías no equipados con cámaras fueron más del doble más propensos a usar la fuerza.

Pero las cámaras corporales no son infalibles. Las limitaciones son evidentes en el caso de Eric Garner, a quien un oficial de policía de Nueva York mató usando una maniobra ilegal, fue captada en video, pero todavía no hay una acusación formal. Y Ramsey Orta, quien grabó el video, pasó dos meses tras las rejas, hasta la semana pasada, bajo una acusación falsa de drogas; en realidad, una represalia por publicar el video de la muerte de Garner.

Durante un período de seis meses de prueba, las cámaras corporales en el Departamento de Policía de Denver grabaron sólo una cuarta parte de los incidentes en que los agentes usaron fuerza. De acuerdo con un monitor independiente, "Casos en que los agentes golpearon personas, utilizaron gas pimienta o su bastón eléctrico, o usaron sus porras, no fueron registrados porque los oficiales no encendieron sus cámaras, hubo errores técnicos, o porque las cámaras no fueron distribuidas a bastante gente", señaló el Denver Post el mes pasado.

Mientras tanto, los esfuerzos para equipar a los oficiales con opciones "menos letales", como picanas eléctricas, no han detenido los homicidios, sino que simplemente han dado a los oficiales otra arma en su arsenal con la cual amenazar y brutalizar a sus víctimas. Carolina del Sur, la jurisdicción donde fue asesinado Walter Scott, es famosa por la tendencia de la policía de electrocutar a los sospechosos; en promedio, una vez cada 40 horas durante un espacio de seis meses.

En febrero, en el condado de Fairfax, Virginia, Natasha McKenna, una paciente psiquiátrica, fue muerta por la policía con un bastón eléctrico, estando esposada de manos y piernas. La mujer de 130 libras había sido "sometida" por seis agentes, pero cuando se negó a doblar las piernas para ser puesta en una silla inmovilizadora, le administraron cuatro cargas de 50.000 voltios, provocándole un paro cardíaco.

La demanda por comités civiles también es problemática. En teoría, una junta de revisión independiente con poder real podría ser capaz de castigar los abusos policiales, pero en la práctica, el poder de los sindicatos de policía, políticos pro-policías, y una serie de otros factores paralizan a los comités civiles, allí donde ya existen, y no hacer nada excepto protestas inútiles y recomendaciones para cambios normalmente ignoradas.

ESTO NO significa que los activistas deban descartar reformas destinadas a controlar a la policía; éstas pueden tener consecuencias reales. Pero al mismo tiempo, tenemos que señalar que incluso si las reformas llegaran a ser efectivas, no alterarán la naturaleza de la policía, a saber, la actuar como un cuerpo especial de hombres armados al servicio del Estado y de la propiedad privada.

El racismo está entretejido en el actuar policiaco en EE.UU. de la misma manera en que está integrado al tejido social estadounidense, en general, y al sistema de injusticia criminal, en particular. Es por esto que la brutalidad policial es sistémica, y no el acto individual de algunos policías malos y violentos.

Escribiendo en el diario británico The Guardian, Steven Thrasher señaló que para muchas comunidades, hay un mundo de diferencia entre ser policía y ayudar a las personas a sentirse "seguras":

Las imágenes del asesinato [de Eric Harris] fueron capturadas por el tipo de cámara de las cuales el presidente Obama quiere 50.000 más. ¿Con qué fin? ¿Para documentar mejor la pornografía de nuestra genocidio? ¿Para permitir que los oficiales de Tulsa decir impunemente que el próximo Bob Bates (el policía voluntario que mató a Harris) también quiso usar una picana y no una pistola? ¿Para desechar eso, también, como "un error" sin una investigación?

Este fin de semana, la activista Cherrell Brown de Las Vidas Negras Cuentan pidió a la audiencia de una conferencia policial a la que asistí cerrar los ojos e imaginar un lugar donde nos sentimos seguros. Nadie imaginó un lugar lleno de agentes, cámaras, armas o perros de ataque. Y, sin embargo, como señaló Brown, se nos pide creer que para sentirnos seguros necesitamos más policías en la ciudad de Nueva York, más diversidad racial en la policía, más agentes usando cámaras --más de la ley y orden; no más de seguridad.

Hoy en día, EEUU encarcela a más de su población que cualquier otro país en el planeta, en gran parte por delitos relacionados con la pobreza. "Seguridad" real para la mayoría no proviene de la policía, porque la naturaleza misma de la policía es garantizar la seguridad los que rigen la sociedad.

Hacer las comunidades realmente "seguras" requeriría menos policías, más puestos de trabajo con salarios dignos, atención de la salud para todos, vivienda digna y escuelas financiadas. En Madison, activistas de la Coalición Jóvenes, Inteligentes y Negros han hecho el punto de pedir la liberación de los presos encarcelados por delitos de la pobreza y se oponen a la financiación pública para construir o rehabilitar cárceles. Sus acciones han puesto al jefe de policía de Madison, Mike Koval, a la defensiva y le obligaron a reconocer "la disparidad racial que ha sido bien sostenida en nuestra ciudad".

Depende de nosotros continuar construyendo un movimiento que pueda hacer que la policía rinda cuentas, pero además imaginar una alternativa real. No nos merecemos nada menos.

Traducido por Orlando Sepúlveda